Entrega de apoyos a personas fallecidas, programas duplicados y sin coordinación, daño al erario, inadecuada supervisión y mal diseño de políticas públicas, son observaciones a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Desarrollo Social (Sedesol); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Medio Ambiente (Semarnat) que realizó la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014.

En el caso de la Sagarpa, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, dado a conocer este miércoles, en el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos a Núcleos Agrarios, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 15 millones 412 mil 535 pesos por la falta de comprobación de los recursos otorgados a 67 proyectos.

Respecto a los recursos ejercidos en el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (Promete), se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 17 millones 702 mil 713 pesos por la falta de comprobación de 80 proyectos-

En el Programa de Fomento a la Agricultura, componente de Proagro Productivo, la ausencia de una depuración del padrón de beneficiarios ha limitado los mecanismos para tener la certeza de que quienes reciben los apoyos están vivos.

El Informe refiere que se confía en gran medida en el testimonio de los familiares de los beneficiarios para reportar a la autoridad la actualización de los datos, lo que ha generado que, en algunos casos, se entreguen apoyos a personas que ya han fallecido.

En el caso de Sedesol, dentro del Programa de Pensión para Adultos Mayores, la ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 68 millones 033, mil 700 pesos, ya que la Secretaría pagó a la Universidad Autónoma del Estado de México por trabajos no realizados.

Esto, señala la ASF, «fue propiciado por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que propició un daño al erario».

También recomendó a la Sedesol, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigar las causas por las que en ninguna de las once dependencias y 15 entidades a cargo de los 64 programas presupuestarios que participaron en la Cruzada Nacional contra el Hambre 2014, programó ni reportó los recursos asignados y ejercidos en dicha estrategia y, con base en ello, realizar gestiones ante la Comisión Intersecretarial, para que las dependencias y entidades reporten los recursos ejercidos.

Respecto al Fondo de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el Informe señala que se identificaron limitaciones en la integración de los comités de Contraloría Social y los Comités Comunitarios en nueve entidades federativas.

Esto provocó que los beneficiarios de los programas no pudieran realizar un adecuado seguimiento y supervisión del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, así como de la correcta aplicación de los recursos.

En el caso de la Sedatu, la ASF señaló que en los Recursos Autorizados para la atención de Desastres Naturales en Baja California Sur, se presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por once millones 267 mil 685 pesos, por concepto de anticipo pagado al contratista para la reconstrucción de infraestructura vial urbana de 26 acciones por daño al área de rodamiento de concreto asfáltico e hidráulico, del cual venció su vigencia el 14 de agosto de 2015, sin que se acreditara que se realizaron los trabajos y que estos fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaría.

En el Programa de Fomento a la Urbanización Rural, la ASF recomendó a la Sedatu investigar las causas por las que no acreditó la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos públicos; no definió la temporalidad en la entrega de los subsidios; no contó con los mecanismos que permitieran identificar que las acciones realizadas fueran el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas.

En el caso de la Semarnat, en materia de contaminación ambiental, la ASF recomendó evaluar la pertinencia de analizar las causas por las que la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia no cuenta con un sistema de información que registre e integre la información de las Cédulas de Operación Anual, presentadas por los particulares a las delegaciones federales de la Semarnat y, con base en los resultados, determine la factibilidad de integrar en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes la información de las emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua y suelo a nivel Federal, a fin de que disponga de información clara, confiable, oportuna y suficiente para identificar riesgos y formular criterios y políticas ambientales para prevenir la contaminación del aire.

También recomendó la Secretaría que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, evalúe la pertinencia de analizar las causas de las diferencias entre su padrón de empresas de competencia federal emisoras de contaminantes y el de la procuraduría y, con base en los resultados, establecer un registro único de dichas empresas para disponer de información confiable, oportuna y suficiente.

Además recomendó analizar las causas por las que los subsidios otorgados para el manejo y gestión de los residuos sólidos urbanos no se otorgaron conforme a las necesidades de infraestructura, manejo y disposición final de cada estado y, con base en los resultados, establecer una estrategia para dar atención a las entidades federativas que por sus necesidades requieran recursos federales para el manejo de sus residuos, a fin de prevenir la contaminación del suelo.