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Valle de Texas Por Raul Gutiérrez

Apelan decisión que bloquea acción diferida

En tanto la Casa Blanca consideró el martes como errónea la decisión del juez federal de Texas Andrew S. Hanen de bloquear la implementación de las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama y anunció que el gobierno federal apelaría el dictamen, una serie de movilizaciones fueron iniciadas dentro de la Unión Americana para respaldar la suspendida acción presidencial.

La decisión del juez Hanen fue en respuesta a la demanda entablada por 26 estados del país para frenar la demanda ejecutiva de Obama bajo el argumento de que el presidente violó sus deberes constitucionales al actuar sin el consentimiento del Congreso.

ABBOT ELOGIA

Por su parte el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien fue el promotor de la demanda durante la última etapa de su función como procurador de justicia de la entidad, a la que se unieron 25 estados, elogió la decisión de Hensen, que dictaminó el lunes por la noche la suspensión de la acción ejecutiva de migración dictada por el presidente Barack Obama en noviembre pasado. «El presidente Obama abdicó su responsabilidad de defender la Constitución de Estados Unidos cuando intentó eludir las leyes aprobadas por el Congreso a través de decreto ejecutivo, y la decisión del juez Hanen detiene justamente la extralimitación”, dijo Abbott.

REACCIONES

La orden del magistrado Andrew S. Hanen, tiene carácter temporal pero pone en suspenso las medidas administrativas de Obama previstas para entrar en vigor con una versión ampliada del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA). De acuerdo con expertos no afecta a los jóvenes que ya se encuentran disfrutando de ese privilegio.

“La decisión de la Corte en Brownsville previene erróneamente que entren en vigor estas legítimas políticas de sentido común, y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará la decisión”, señaló la Casa Blanca. La Casa Blanca refutó el argumento de las demandantes y sostuvo que tanto la Suprema Corte de Justicia como el Congreso han dejado en claro que el gobierno federal puede fijar prioridades para hacer cumplir las leyes migratorias del país. “Esas políticas son consistentes con las leyes aprobadas por el Congreso y con las decisiones de la Corte Suprema, así como cinco décadas de presidentes de ambos partidos que han usado su autoridad para fijar prioridades migratorias”, señaló.

El Departamento de Seguridad Nacional tenía previsto iniciar este miércoles la implementación del primer programa, una versión ampliada del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) iniciado en 2012. Más de 600 mil jóvenes indocumentados se han sumado al programa, que frena sus deportaciones y les otorga permisos de trabajo. Se estima que otros 300 mil podrían beneficiarse de la flexibilidad de las reglas anunciadas por el presidente.

La versión del programa para adultos “DAPA” estaba prevista entrar en vigor para el mes de mayo.

La Unión del Pueblo Entero (LUPE) organización que respalda las acciones ejecutivas de Obama, además de desaprobar la decisión judicial de Henen, por conducto de su directora, Juanita Valdez Cox, anunció que continuarán preparados para acogerse a los beneficios de DACA y DAPA, calificando la suspensión como parte de una acción política que va en contra de los intereses de la comunidad migrante, revelando que existen en Texas 1,464,000 indocumentados, de los cuales, aproximadamente 594,000 son elegibles para acogerse a alguno de los programas de acción diferida.