El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este miércoles la nueva ley sobre derechos de los menores, con la que se busca proteger a este sector y combatir prácticas como elbullying.

Peña firmó la legislación al mediodía en una breve ceremonia con funcionarios y legisladores, y se prevé que el texto se publique en elDiario Oficial de la Federación (DOF) a más tardar este jueves.

El documento incluye la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como reformas a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Algunos de sus principales puntos son establecer que los menores tendrán al menos 20 derechos, como el derecho a la vida, a la identidad, a vivir en familia, a no ser discriminado, a la libertad de pensamiento, a la expresión, a la intimidad y a que se atienda su condición de migrantes, entre otros.

Para vigilar que estos derechos se respeten, las autoridades de todos los niveles tendrán que coordinarse y crear nuevas instancias.

Una de ellas será el Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, que estará encabezado por el presidente de la República y deberá definir un programa nacional en la materia.

Este sistema tendrá que integrarse a más tardar 180 días después de la entrada en vigor de la ley.

Además, a nivel federal y local tendrán que crearse procuradurías de protección a los menores, las cuales deberán brindar atención médica y psicológica a quienes así lo requieran, así como asesoría en procedimientos judiciales o administrativos.

Otra tarea de las procuradurías será supervisar el funcionamiento de los albergues infantiles, con el fin de evitar que en éstos se cometan abusos.

La nueva ley comenzó a discutirse en el Congreso a principios de septiembre, luego de que el presidente Peña Nieto enviara una iniciativa con carácter de preferente, es decir, que cada cámara debía votar a más tardar en 30 días. Se trata de la primera vez que Peña Nieto recurre a esta figura en lo que va de su mandato, que inició el 1 de diciembre de 2012.

Después de negociaciones entre las principales bancadas y de cambios a entre 80% y 90% de la propuesta, el documento quedó avalado por diputados y senadores el pasado 6 de noviembre.