El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, informó que el gobierno federal gastó 5 mil 200 millones de pesos en el pago de la última etapa de liquidaciones, en la que finiquitó al 96 por ciento de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), 14 mil 610, que se encontraban en resistencia.

En ese marco, el funcionario afirmó, también, que la reforma laboral que propondrá el presiente Enrique Preña Nieto al Congreso hará obligatoria, y ya no voluntaria, la función de la conciliación en los conflictos obrero-patronales.

En conferencia de prensa, luego de la firma que conjuró la huelga en la empresa aérea Aeromar, Navarrete Prida reveló que los recursos que se usaron para las liquidaciones provienen del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependencia que tomó el papel de organismo liquidador de la extinta LFC.

Explicó que se tenía ahí, en ese organismo, los recursos que eran parte del fondo liquidador, “pero ese dinero tenía que pasar después por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es el organismo que entregó a cada ex trabajador su cheque con la liquidación”.

Navarrete Prida indicó que el restante 4 por ciento de ex trabajadores que no se liquidaron en los días que se dispusieron para ese efecto, podrá acudir a la Junta a cobrar su liquidación.

Señaló que concluida la etapa correspondiente al pago de liquidaciones, “el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), ya no tiene razones para que marchar por este asunto, están en su derecho de expresión de manifestarse, pero no por este asunto; no hay razón”, subrayó.

El político mexiquense indicó que, en el plano legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “dio certeza jurídica al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, pero estaba pendiente la solución a un conflicto social y laboral, el cual a casi 7 años de la desaparición de la paraestatal ha quedado resuelto”.

Añadió que al concluir el conflicto gobierno-SME, el sindicato no desaparece, ya que el líder sindical, Martín Esparza, y el resto de la dirigencia tiene toma de nota vigente, la cual es utilizada para hacer valer su relación laboral con la empresa portuguesa Mota Enguil.

Al decretarse la extinción de LFC, el gobierno de la República dispuso para la liquidación un periodo del 14 de octubre de 2009 al 30 de agosto de 2010.

En esa etapa, 28 mil 733 ex trabajadores fueron liquidados con un bono adicional, lo que representó 63 por ciento de los 44 mil 514 electricistas en activo.

Estaban pendientes de liquidarse 15 mil 781 electricistas, los cuales se mantuvieron «en resistencia» estos últimos años.

El gobierno federal abrió una última etapa de liquidaciones del 15 al 23 de agosto de 2016, para la cual se esperaba la asistencia de 15 mil 187 ex trabajadores, de los cuales acudieron 14 mil 610.