La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia sendas acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de Quintana Roo y Veracruz, a fin de impedir que transiten los llamados paquetes de impunidad que perfilan ambos mandatarios y con ello se violente el Sistema Nacional Anticorrupción.

El vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, y el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval, advirtieron que el Ejecutivo federal no permitirá legislaciones ni medidas que contravengan el Sistema Nacional Anticorrupción ni que operen “a modo” para beneficiar a algún funcionario local.

“Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana. Recientemente los congresos de Quintana Roo y Veracruz aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción “, advirtió el vocero.

En tanto, el funcionario de la PGR, Sandoval, se abstuvo de informar sobre las investigaciones que existen en esa dependencia contra los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y Quintana Roo, Roberto Borge; pero aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación, trátese del funcionario que se trate, a fin de sancionar cualquier conducta ilícita, en caso de que ésta sea comprobada.

A pregunta expresa en la conferencia Sandoval afirmó que también se analiza si se procede contra las acciones que está tomando el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el congreso de esa entidad para imitar a sus homólogos de Veracruz y Quintana Roo.

En la residencia oficial de Los Pinos el vocero gubernamental aseveró que los recursos de inconstitucionalidad fueron interpuestos por instrucciones del presidente Peña Nieto, al considerar que “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”.

Sánchez detalló que el objetivo de esta acción de inconstitucionalidad es que la Corte determine que las entidades no pueden establecer regulaciones en materia anticorrupción en el ámbito local antes de la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, recién reformadas en el Congreso de la Unión.

Los actos realizados recientemente por los gobiernos de Veracruz y Quintana Roo, como el nombramiento de magistrados y fiscales anticorrupción, no están acordes ni son afines a las leyes anticorrupción establecidas para frenar el abuso del poder, no para propiciarlo, expresó Sánchez Hernández.

Por ello —agregó— es conveniente que la Suprema Corte revise las disposiciones y normas aprobadas recientemente en los congresos de esos estados, que el gobierno de la República considera pondrían en riesgo el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción, para “que no haya cabida a leyes locales a modo”, declaró.

“Queda en manos de la Suprema Corte de la Nación resolver sobre este asunto”, dijo.

Algunas de las acciones impugnadas son nombramientos de contralores generales de los estados, de fiscales especializados en combate a la corrupción, así como de los magistrados en materia anticorrupción, además de la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General de Veracruz.

También, la creación ex profeso de la Sala Superior especializada en materia anticorrupción que dependerá del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para dar cumplimiento a la legislación en materia anticorrupción.