Por haber otorgado incentivos económicos de manera irregular a la empresa Siderúrgica de Linares, la Contraloría y Transparencia Gubernamental inhabilitó por 10 años a cuatro ex funcionarios de primer nivel de la anterior administración estatal.

Los involucrados en el caso deberán pagar de manera solidaria una sanción resarcitoria al Estado por un monto de 210 millones de pesos.

La Contralora General, Nora Elia Cantú, anunció que notificaron las inhabilitaciones para ocupar cargos públicos por 10 años a los siguientes ex integrantes de la administración 2009-2015:

• Juana Aurora Cavazos, quien se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Social.
• Patricia Aguirre González, quien fue Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado.
• Juan Manuel Fernández García, quien fue Director General del Instituto de Vivienda del Estado.
• Sergio Alejandro Alanís Marroquín, quien ocupó la Dirección General del Instituto de Vivienda del Estado en la parte final de la administración.

Cantú recordó que la dependencia a su cargo ha dictado 11 resoluciones de inhabilitación en lo que va de la actual administración.

El equipo de trabajo de la Contraloría, dijo la funcionaria, se encuentra integrando otras investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa.

«Estimamos que como resultado de dichos procedimientos, más ex funcionarios de primer nivel podrían ser inhabilitados», afirmó.

La Contraloría, expresó Cantú, está en constante comunicación con los órganos de control interno de las dependencias del Estado.

«Trabajamos con ellos para la detección de irregularidades que dan pie a la aplicación de sanciones y, en su caso, inhabilitaciones a funcionarios de todos los niveles de Gobierno», dijo.

Por otra parte, expresó, la Unidad Anticorrupción adscrita a la Contraloría, continúa remitiendo denuncias a la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntos actos delictivos en los que se han visto involucrados servidores públicos de diversas dependencias.

En estas últimas dos semanas, señaló Cantú, se han presentado 18 denuncias más a la Subprocuraduría que encabeza Ernesto Canales.