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Presentan primera demanda contra ley antiinmigrante SB4 de Texas

Abogados de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) interpusieron la demanda el lunes ante la Corte Federal en San Antonio, a nombre del alcalde de El Cenizo, Raúl Reyes, y del sheriff de Maverick, luego que el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la legislación la noche del pasado domingo.

En la demanda, El Cenizo y el Condado de Maverick solicitan a la corte federal dictamine que la ley SB4 es anticonstitucional al violar las Enmiendas Cuarta, Quinta, Décima y XIV y los Artículos I y VI de la Constitución de Estados Unidos.

El recurso se interpuso al tiempo que el Procurador General de Texas, Ken Paxton, acudió también a una Corte Federal el lunes, pero para solicitar que el tribunal ratifiquara la constitucionalidad de la SB4.

La SB4, que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre próximo, permitirá a los agentes de policía poder preguntar sobre el estatus migratorio a toda persona que haya sido detenida por cualquier motivo, incluyendo las rutinarias paradas de tráfico.

Las legislación prohíbe que los gobiernos locales adopten políticas consideradas santuario para los inmigrantes indocumentados, al impedirles negarse a acatar las leyes de inmigración.

Bajo la nueva ley, los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.

La legislación también castiga a los sheriffs, policías y jefes de policía por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.

Le ley contempla imponer sanciones de hasta 25 mil dólares por día a las jurisdicciones que violen sus disposiciones.

El Cenizo y el Condado de Maverick señalan en su demanda que “el estado de Texas actúa inconstitucionalmente cuando procede a obligar y forzar a sus gobiernos locales y funcionarios a violar la ley federal”.

La demanda añade que “el estado de Texas quizá elija voluntariamente renunciar a su soberanía retenida enteramente al gobierno federal, pero no tiene autoridad constitucional o soberana para obligar a su gobierno local y funcionarios del gobierno local a hacerlo”.

El estado “particularmente no tiene tal poder” cuando requiere que los gobiernos locales violen “los derechos constitucionales de los individuos que son blanco del requisito ilegal del estado”, agrega la demanda.

Una ordenanza de El Cenizo prohíbe a los empleados y agentes de policía de esa comunidad, de apenas tres mil 300 habitantes, preguntar a las personas acerca de su estatus migratorio.

La ordenanza fue promulgada para mantener la confianza de la comunidad y asegurar que todos los residentes, incluyendo inmigrantes indocumentados, se sientan seguros reportando crímenes y buscando atención médica.

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